El Gobierno español ha aprobado un proyecto de Real Decreto que establece, por primera vez, un marco normativo específico para la gestión de los residuos textiles y de calzado. Esta iniciativa representa un paso decisivo hacia una economía circular y sostenible, reforzando la responsabilidad ampliada del productor (RAP) y fijando ambiciosos objetivos nacionales en materia de prevención, reutilización y reciclaje.

La propuesta normativa, que se encuentra en periodo de consulta pública entre el 1 de julio y el 4 de septiembre de 2025, se aplicará a todos los productos textiles y de calzado introducidos en el mercado español, salvo aquellos destinados a usos profesionales especializados, como el equipamiento militar o los equipos de protección individual. El objetivo principal es reducir la generación de residuos, fomentar la recogida separada y garantizar una gestión ambientalmente adecuada, mediante mecanismos que responsabilicen a los productores del ciclo de vida completo de sus productos.

Los fabricantes, importadores y distribuidores que introduzcan estos productos en el mercado deberán inscribirse en el Registro de Productores de Productos y asumir la responsabilidad de financiar y organizar la gestión de los residuos generados. Esta gestión deberá realizarse, preferentemente, a través de sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP), con requisitos específicos en materia de transparencia, eficiencia y trazabilidad. También se regula la figura del representante autorizado para aquellos operadores no establecidos en España.

El proyecto de Real Decreto establece objetivos nacionales claros: una reducción del 5% de los residuos generados para el año 2030 y del 10% para 2035, tomando como referencia los datos de 2027; alcanzar un 50% de recogida separada en 2030 y un 70% en 2035; y lograr una preparación para la reutilización del 20% y del 35%, respectivamente, en estos mismos plazos. En este sentido, una de las medidas más destacadas es la prohibición expresa de destruir excedentes de productos no vendidos, los cuales deberán destinarse a la reutilización, donación o reciclaje, evitando así su envío a vertederos o incineradoras.

La propuesta del Real Decreto presentada por el MITECO también reconoce el papel clave de la economía social, garantizando la continuidad de los puntos de recogida gestionados por estas entidades y fomentando su participación en los sistemas colectivos sin imponerles obligaciones adicionales. Los productores, por su parte, deberán asumir los costes de todo el sistema, incluyendo la recogida, clasificación, tratamiento, campañas de sensibilización, estudios técnicos y garantías financieras. Además, la contribución económica será modulada según criterios como el volumen de productos introducidos, las características de ecodiseño o el vínculo con prácticas de “moda rápida”.

En materia de control y supervisión, la propuesta de decreto establece mecanismos de inspección y sanción, coordinados entre las autoridades autonómicas y estatales, y prevé medidas específicas para prevenir prácticas fraudulentas, especialmente en traslados y exportaciones de residuos.

Una vez aprobada su versión final, tras el periodo de consultas, el texto normativo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. No obstante, las microempresas con menos de 10 trabajadores y una facturación inferior a 2 millones de euros anuales dispondrán de un periodo adicional de un año para adaptarse a las nuevas obligaciones. Los anexos técnicos que acompañan al decreto detallan los productos afectados mediante códigos aduaneros, los requisitos para la inscripción en el registro, las condiciones de funcionamiento de los SCRAP, los criterios para calcular los costes y las garantías, así como los estándares mínimos de gestión y trazabilidad.

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